Pensares. Sobre la ley.

Bitacora del Navegante. Pensares.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a la Provincia de Santa Cruz, restituír en su cargo a un funcionario echado por Néstor Kirchner en 1995.

El gobierno de Santa Cruz (con el aval nacional) incumplió la medida, por lo que la Corte, en un nuevo fallo firmado por seis de sus siete integrantes, aclara:

"La omisión en que han incurrido las autoridades provinciales configura un desconocimiento inadmisible de sentencias de esta Corte"..."un desconocimiento del principio de división de poderes"..."Se vería privada la base misma que sustenta si se ignorasen las atribuciones que el texto constitucional reconoce a esta Corte para la resolución de controversias con carácter final, quedando desquiciadas las funciones estatales, con el consiguiente desamparo de las garantías constitucionales"

Por otro lado, un ciudadano chileno es acusado de varios crímenes. Como éste se encuentra residiendo en Argentina, se solicita su extradición para proseguir con la investigación. El Procurador de la Nación primero, y la Corte Suprema luego, afirman que los delitos imputados a Galvarino Apablaza (secuestro y asesinato) no son crímenes políticos, por lo que procede conceder la extradición. Pero el Gobierno Nacional confiere al imputado refugio político. Su esposa misma trabaja en la Casa Rosada. Si Chile mantiene un gobierno democrático, y en busca de la verdad y la justicia investiga a uno de sus ciudadanos por crímenes comunes, por qué se lo impide? Cuál es el fundamento de una medida que cuestiona la capacidad soberana del país vecino, de investigar con justicia un crimen?

El Congreso de la Nación sanciona una ley otorgando a los jubilados la garantía del 82% móvil de sus haberes. Ello, en sintonía con un viejo pedido judicial, para terminar con la multiplicación de procesos por reclamos en la liquidación de las jubilaciones, por parte de la ANSeS (se estiman en casi 400.000 los juicios iniciados). En un reflejo inmediato, la Presidente de la Nación veta la ley. Afirma que los senadores y diputados nacionales "ahora quieren la quiebra de esta empresa que es la Argentina" que cuenta con "superavit fiscal y superavit comercial".

"Empresa" que goza de superavit, entre otras cosas, por no pagar a los jubilados haberes que luego la justicia reconocerá que están incorrectamente liquidados, con la consecuencia de 1: el aplazamiento de derechos que justamente por su condición, son impostergables y 2: el perjuicio a los fondos del Estado con las costas e intereses.

Al mismo tiempo, el dinero superavitario, en vez de ser distribuido entre los jubilados, el Gobierno los utiliza para: 1.- comprar deuda pública 2.- subsidiar automotrices, el fútbol, el transporte, la energía 3.- comprar computadoras.

La malversación de fondos no se limita sólo a la sustracción de dineros públicos, también implica el uso para fines ajenos.

La ley es una frontera. Establece reglas de juego imprescindibles para vivir en común, garantizando la paz y todo el desarrollo social (la moral y la religión por ejemplo, dictarán luego -o antes- conductas más altruistas).

Cuando en una región caracterizada por violaciones permanentes a la paz social, un pueblo reconoce a la Ley antes que -o a pesar de- sus gobernantes, puede decirse que la sociedad madura, crece.

Y que se merece una nueva generación de políticos, y dirigentes.